Un estándar de dignidad común

Por Paulo Adrián , Investigador Área Política y Sociedad. 

Junto con encender el debate público, el contexto electoral se vuelve un escenario propicio
para reflexionar en torno a los proyectos políticos que los distintos candidatos ofrecen al país.
En esto, en las últimas semanas han surgido dos conceptos sobre los cuales parece
interesante detenerse: cohesión e integración social. Si bien en la literatura especializada han
tenido un desarrollo asimétrico -la cohesión social ha sido extensamente estudiada, no así la
integración- ambos aspectos sociales pueden ofrecer miradas relevantes para plantear el Chile
de los próximos 40 años. En el caso de la integración social, esta se puede entender como el
grado en que personas de distintos orígenes se encuentran y comparten algo en común, el
encuentro con el otro. Puede darse en la interacción cotidiana -cada vez más difícil en ciudades
altamente diferenciadas- o en el hecho de tener experiencias similares gracias a la disminución
en las brechas de acceso a bienes públicos. Su antónimo es la segregación, palabra que logra
explicitar algo que todos pensamos al recorrer una ciudad como Santiago, en la que conviven
comunas con altísimas brechas en acceso a servicios y calidad de vida.

Pero esta descripción no es nueva, hace tiempo que se están publicando libros y columnas al
respecto. Existe un claro consenso social en que el país necesita un nuevo trato en esta
materia y es urgente que los actores políticos encaucen este proceso. Es necesario avanzar
hacia una nueva mirada, hacia un enfoque que entienda la política pública desde la óptica de la
integración social, ya sea en vivienda, urbanismo, educación, transporte o salud. De hecho, en
algunas comunas se están desarrollando ejemplos promisorios: el proyecto de Los Encinos en
Peñalolén y el nuevo colegio municipal de Las Condes. El primero de ellos permitirá a 1.000
familias tener soluciones habitacionales dignas con un completo plan de integración a la
comunidad y desarrollo de servicios locales. El segundo, significa una oportunidad para que
gratuitamente cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos, pueda acceder a
educación de calidad. Ambos son casos que deben motivar, porque su impacto no se reduce a
los beneficiarios directos, sino a toda la comunidad. De esta manera, los beneficios de la
integración social están directamente ligados con la noción de bien común, según la cual el
bienestar propio está intersubjetivamente conectado con el de los otros.

Este año la discusión constituyente será fundamental, qué duda cabe, pero debe ir
acompañada de una conversación en torno a qué modelo de desarrollo queremos para el Chile
de los próximos años. Tenemos una oportunidad histórica de evitar volver a cometer los
mismos errores que se cometieron en el pasado y hacernos cargo de la fractura social que por
tantos años no quisimos ver. En tal contexto, la integración social deberá transformarse en un
marco que guíe las políticas públicas, permitiendo construir puntos de encuentro y edificar un
sistema de equidad. Solo así será posible un estándar de dignidad común, punto de partida
para llegar a ser un país en donde las oportunidades estén para todos.

 

Diario La Segunda, viernes 19 de febrero 2021. 

 

 

 

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