Empoderar a las mujeres en lo público y político

Por Anita Zaldívar, Investigadora Área Economía y Políticas Públicas

Chile tiene un desafío pendiente en la participación de las mujeres en política. Tal como mostró
nuestro estudio publicado desde la Fundación Aire Nuevo, más que en educación, salud o empleo, la
mayor brecha entre hombres y mujeres en Chile se encuentra en la participación en cargos públicos,
tales como concejales, alcaldes y consejeros (llamado en el estudio “empoderamiento político”) de
manera transversal a todas las regiones del país.
Aún cuando existe cierto grado de heterogeneidad a lo largo de Chile – donde Tarapacá y Ñuble
cuentan con brechas de empoderamiento mayores a 90%, levemente superior a Biobío, donde la
brecha asciende a 85%, la proporción de mujeres en cargos políticos en Antofagasta es de 50% -, la
realidad dicta que estamos lejos de alcanzar paridad. Este diagnóstico en cargos locales no es
substancialmente distinto al que vemos en instituciones como el Congreso, donde solo 36 de los 155
diputados son mujeres.
Así, se da forma a una real paradoja democrática en el país, sobre todo cuando se compara el nivel
de participación electoral con la representación efectiva de las mujeres. Tomando las elecciones
municipales del 2016 como referencia, se observa una participación alrededor de 20% mayor entre
mujeres que entre hombres. Si se analizan las elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de
Consejeros Regionales del 2017, se llega a los mismos resultados. Es decir, a pesar de que las
mujeres votan en mayor proporción que los hombres, éstas participan menos en cargos políticos.
Esta situación podría estar escondiendo brechas en el acceso a oportunidades de ser parte de los
altos cargos públicos para representar a la ciudadanía, en cuyo caso consistiría en un desafío que
como país debemos enfrentar con mecanismos que disminuyan las barreras y, simultáneamente,
respeten la decisión de los ciudadanos. En el contexto actual, donde el 2021 será recordado como el
año con la mayor batería de elecciones de nuestra historia, pareciera ser un momento oportuno
para comenzar a dar los primeros pasos.
Existen ciertas medidas que se pueden tomar para velar por que las mujeres tengan la misma
probabilidad de salir electas que los hombres. Por ejemplo, la regulación de la elección de
constituyentes exige listas alternadas por género (popularmente conocido como el mecanismo de
“cebra”). Sin embargo, para el caso de las elecciones de diputados, calendarizadas para el 21 de
noviembre, no se incorpora una norma equivalente que regule el orden de las listas, lo que
representa una oportunidad de mejora para cerrar la brecha de representación femenina dentro de
la Cámara, que asciende a un 70% de acuerdo a la metodología del estudio anteriormente
mencionado.
¿Por qué es conveniente implementar el mecanismo de “cebra”? Dado que existe evidencia de que
los primeros candidatos de cada lista reciben un premio de votación. Por lo tanto, al alternar entre
hombres y mujeres, se iguala la probabilidad de recibir este premio para hombres y mujeres, y se
procura eliminar el sesgo de los partidos de encabezar sus listas por hombres.
La ley que regula esta materia es la Ley Orgánica Constitucional, que requiere un quórum de 4/7 de
parlamentarios para su modificación. Por su parte, la inscripción de listas de diputados debe
realizarse 90 días antes de las elecciones. Es decir, no sólo es deseable, sino que es posible y estamos
a tiempo de impulsar una modificación a la ley, lo que debiera hacerse con anterioridad al 21 de
agosto. Este tipo de política permite avanzar en el desafío de empoderar a las mujeres en lo
público y político, para así lograr una representación equitativa de todos y todas las tomadoras de
decisiones.

Diario La Tribuna, 22 de marzo, 2021. 

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